
El viernes 6 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó con 83 votos la Proforma del Presupuesto General del Estado para 2027 sin observaciones. Son USD 50.213 millones, el 35,2 % del PIB, y el Ejecutivo la presentó con un mensaje claro: el déficit baja a 4.412 millones, 3,1 % del PIB, unos mil millones menos que el previsto en la proforma de 2026, con un superávit primario de USD 686 millones.
Es una buena noticia, si se cumple. Quiero detenerme en dos supuestos sobre los que descansa esa mejora, porque ninguno depende solo de decisiones del Gobierno. El primero es un ingreso petrolero extraordinario de USD 6.381 millones que todavía no tiene contratos detrás. El segundo es un recorte de más de 700 millones en el subsidio a los combustibles en un año en que el precio de los derivados importados sube y en que El Niño obligará a quemar más diésel para producir electricidad. Ninguno de los dos es imposible. Si alguno de los dos falla, aparece un déficit que hoy no se ve en la cifra oficial.
Lo que dice la cifra oficial
Según el justificativo de ingresos y egresos publicado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, el Estado espera ingresos fiscales por USD 34.427 millones y gastos por USD 38.838 millones. La diferencia, USD 4.412 millones, se cubrirá con deuda. Para eso, y para pagar USD 8.603 millones de amortizaciones, el presupuesto prevé contratar USD 13.671 millones de financiamiento nuevo: el 9,6 % del PIB.
Los impuestos aportan USD 20.703 millones, 17,9 % más que lo codificado en 2026, aunque en relación con el PIB apenas pasan de 14,4 % a 14,5 %. Este incremento es difícil de sostener en un año en que la actividad económica se verá afectada por un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad. El petróleo, a 66 dólares por barril, aporta USD 2.987 millones al presupuesto, un 1 % menos que lo previsto para 2026 pese a que el precio del crudo sube 12,5 dólares. La razón la da el propio documento: el precio de los derivados importados sube de 77,4 a 95,5 dólares por barril, y eso se come buena parte de la ganancia.
Ese detalle es la puerta de entrada a la discusión sobre subsidios. Ecuador exporta crudo e importa derivados. Cuando el petróleo sube, ganamos por un lado y perdemos por el otro. Y cuando el precio en la gasolinera no acompaña al precio internacional, la diferencia la pone el Estado.
Una reforma que se revirtió
El anexo de subsidios de la proforma cuenta una historia que vale la pena mirar completa. En 2023, el subsidio a los combustibles costó USD 3.387 millones. Con la banda de precios para las gasolinas Extra y Ecopaís desde julio de 2024 y la eliminación del subsidio al diésel en septiembre de 2025, bajó a 2.088 millones en 2025. Fue una de las reformas fiscales más difíciles e importantes de los últimos años.
En 2026, el subsidio volvió a subir: se estima en USD 3.318 millones, 59 % más que el año anterior. El anexo atribuye el salto a dos causas: el alza internacional por el conflicto en Medio Oriente y los Decretos Ejecutivos 444 y 468, que redujeron los precios internos de las gasolinas y del diésel premium. En un solo año se perdió casi todo lo ganado desde 2023.
| Subsidio a combustibles (USD millones) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 est. | 2027 proy. |
|---|---|---|---|---|---|
| Diésel | 1.711,6 | 1.438,7 | 925,3 | 1.460,1 | 895,3 |
| Gas licuado (GLP) | 758,6 | ≈ 858 | ≈ 860 | ≈ 946 | 730,8 |
| Gasolinas | 728,6 | ≈ 503 | 132,1 | 583,3 | 631,1 |
| Total | 3.386,9 | 3.031,0 | 2.087,7 | 3.317,7 | 2.593,6 |
Para 2027, la proforma proyecta 2.594 millones: una reducción de 22 %. La pregunta es de dónde sale esa reducción.
El nuevo subsidio: la electricidad
El dato más revelador del anexo no está en las gasolinas sino en la electricidad. El subsidio a los combustibles que usa el sector eléctrico pasa de 584 millones en 2026 a 1.154 millones en 2027: casi el doble. Por primera vez, la generación eléctrica sería el mayor beneficiario del subsidio, con el 44,5 % del total. En 2023 era apenas el 10,6 %.
El documento lo explica sin rodeos: el aumento se debe al déficit de generación eléctrica y a la llegada de El Niño. El Ministerio de Ambiente y Energía estimó un déficit de hasta 1.300 megavatios durante el estiaje de octubre de 2026 a marzo de 2027. Esa energía faltante se cubre con plantas térmicas que queman diésel, fuel oil y residuos, cuyo costo nadie ve en la factura de luz.
Hace dos semanas escribí sobre los cerca de 810 megavatios renovables concesionados entre 2020 y 2023, de los cuales hoy no opera ninguno. Este subsidio es su contracara fiscal. Cada megavatio solar o eólico que no entró en operación es un megavatio que hoy se produce con combustible importado, a un costo mucho mayor, y que se paga con recursos públicos. La discusión sobre subsidios en Ecuador suele centrarse en el precio del galón. En 2027, casi la mitad del problema estará en el sistema eléctrico.
Un recorte de subsidios que supone alzas en las gasolineras
Si el subsidio eléctrico se duplica, la reducción total tiene que venir de otro lado. Y viene casi por completo del segmento automotriz: el subsidio al transporte pasaría de 1.716 millones en 2026 a 638 millones en 2027, una caída de 63 %. El subsidio al diésel bajaría 39 %.
Esa caída ocurre en un año en que el propio presupuesto prevé que los derivados importados serán más caros. La única forma de que el subsidio automotriz baje mientras el costo de importar sube es que el precio en la gasolinera suba más. La proforma no lo dice así; dice que se mantiene el mecanismo de estabilización de precios para el diésel y las gasolinas. Pero las cuentas solo cierran si la banda vuelve a trasladar el precio internacional al consumidor y si los alivios de 2026 no se repiten.
No digo que sea una mala decisión. La focalización de subsidios puede ser correcta y necesaria, para eso falta un análisis más profundo. Digo que es una decisión que el presupuesto da por hecha sin nombrarla. En 2026 ya vimos lo que ocurre cuando el precio internacional sube y la presión social se intensifica: el Gobierno redujo los precios por decreto. Si eso vuelve a ocurrir en 2027, con El Niño golpeando la producción agrícola y los precios de alimentos, la reducción proyectada desaparece y el déficit crece.
El déficit sin el ingreso que todavía no existe
El segundo supuesto es más grande. Dentro de los ingresos de capital, la proforma registra USD 6.381 millones por la «monetización» de un portafolio referencial del sector de hidrocarburos: bloques costa afuera, proyectos de crudos extrapesados, bloques del suroriente y una ronda de optimización y exploración. El propio documento lo llama referencial y lo valora en 20.471 millones de inversión estimada. De esos 6.381 millones, solo 240 tienen partidas concretas: los campos PBH, Inchi y Pambil, regalías condicionadas a hitos y tres proyectos de ENAMI. El resto no tiene desglose ni contratos firmados.
Para dimensionarlo: ese ingreso es el 18,5 % de todos los ingresos fiscales del año y más del doble de lo que aporta el petróleo al presupuesto. Sin él, las cuentas se ven así:
| Indicador 2027 (USD millones) | Proforma oficial | Sin monetización |
|---|---|---|
| Ingresos fiscales | 34.426,6 | 28.045,6 |
| Déficit global | −4.411,9 | −10.792,9 |
| Déficit global (% del PIB) | 3,1 % | 7,6 % |
| Resultado primario | +686 | ≈ −5.695 |
Si el ingreso no llega, la experiencia dice qué se ajusta primero: la inversión pública, los pagos a proveedores o más deuda. Lo que no se ajusta es el gasto permanente, porque no se puede. Según la programación cuatrianual, los gastos inflexibles del presupuesto equivalen al 103,6 % de los ingresos totales.
Cuando la excepción se vuelve método
La Constitución, en su artículo 286, establece que los egresos permanentes se financian con ingresos permanentes. La proforma reconoce que esta regla no se cumple: los ingresos permanentes, sobre todo impuestos, son 24.863 millones, y los gastos permanentes, 25.896 millones. La brecha es de 1.033 millones. Para cubrirla, el Decreto Ejecutivo 527, del 29 de octubre, declaró la «excepcionalidad» que permite financiar salud, educación y justicia con ingresos no permanentes, es decir, con petróleo y con la monetización.
La excepción está prevista en la Constitución y su uso es legal. El problema es lo que revela: el gasto prioritario del Estado depende de un ingreso que, por definición, ocurre una sola vez. La programación cuatrianual lo muestra con claridad.
| PGE (USD millones) | 2027 | 2028 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Otros ingresos (incluye monetización) | 9.592 | 5.349 | −4.243 |
| Gasto no permanente | 12.942 | 8.737 | −4.205 |
| Presupuesto incremental para educación y salud | 6.232 | 2.192 | −4.040 |
| Total del presupuesto | 50.213 | 43.113 | −7.100 |
El aumento de recursos para educación y salud que exige la Constitución, de al menos 0,5 % del PIB por año, se financia en 2027 y cae en 2028. El viceministro de Finanzas, Miguel Hernández, reconoció ante la Comisión que se trata de medidas insostenibles en el tiempo. Tiene razón en el diagnóstico. Pero la respuesta no puede ser financiarlas con un ingreso extraordinario un año y retirarlas al siguiente. Eso no resuelve la insostenibilidad; la pospone.
A esto se suma la deuda. Los intereses llegarán a 5.098 millones, 3,6 % del PIB: el equivalente al 87 % de todo lo asignado al Sistema Nacional de Salud. Entre intereses y amortizaciones, el servicio de la deuda absorbe el 48,6 % de los ingresos. Cada dólar de subsidio que no se recorta y cada dólar de monetización que no llega se convierte, al final, en deuda nueva que paga intereses.
Una nota sobre el gasto social
Hay una tercera pieza del presupuesto que merece su propio análisis. Los subsidios sociales suman 2.002,8 millones de dólares en 2027. De ellos, 190 millones van a Jóvenes en Acción, la transferencia de 400 dólares mensuales a jóvenes de 18 a 29 años. Es más de lo que se asigna al Bono 1.000 Días contra la desnutrición infantil (142,6 millones) o al Bono Joaquín Gallegos Lara para personas con discapacidad severa (144,5 millones). Al mismo tiempo, el anexo de subsidios reconoce que 630.426 personas siguen en espera de entrar a las transferencias permanentes.
El programa ya lleva cuatro fases y cerca de 924 millones de dólares desde noviembre de 2024. La última, de 700.000 cupos y 560 millones, hace su segundo pago el 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones seccionales. Aunque es una transferencia, figura en el Plan Anual de Inversiones. Y no cuenta con metas públicas de inserción laboral ni con una evaluación independiente. Por su tamaño y su diseño, le dedicaré el próximo artículo de esta serie.
Cinco propuestas
El problema no es que el Gobierno sea optimista. Todo presupuesto tiene supuestos. El problema es que los supuestos más frágiles no tienen un plan B visible. Propongo cinco medidas que no requieren reformas legales y que harían el presupuesto más creíble.
1. Un presupuesto base sin ingresos no contratados. Los ingresos por monetización deberían registrarse como contingentes y entrar al presupuesto solo cuando exista un contrato firmado. El gasto que financian debería identificarse desde el inicio como condicionado.
2. Una lista pública de qué se recorta si el ingreso no llega. Si la monetización o la reducción de subsidios no se materializan, el país debe saber de antemano qué proyectos se postergan. Hoy esa decisión se toma en silencio, a mitad de año, y casi siempre recae en la inversión.
3. Decir con claridad cuál es la política de precios de combustibles para 2027. Si las cuentas suponen que la banda trasladará el precio internacional, eso debe explicarse y acompañarse de compensaciones focalizadas para el transporte público y los hogares vulnerables. Un recorte que no se anuncia es un recorte que se abandona con facilidad.
4. Separar y publicar el subsidio eléctrico. Los 1.154 millones de combustible para generación térmica deberían reportarse como un rubro propio, junto con el costo por kilovatio-hora. Hacerlo visible es la mejor forma de que la urgencia de las renovables tenga respaldo fiscal.
5. Usar los ingresos extraordinarios en gasto extraordinario. Si la monetización llega, debería destinarse a reducir deuda o a inversión, no a sostener gasto permanente. Esa es la lógica del artículo 286 y la única que no deja un hueco al año siguiente.
Ver el déficit completo
La Proforma 2027 tiene méritos. Aumenta la inversión pública y fue acompañada, el 9 de noviembre, de un acuerdo técnico con el FMI que confirma el cumplimiento de las metas cuantitativas del programa. No es un presupuesto irresponsable. Es un presupuesto que muestra el déficit del mejor escenario y deja fuera de la vista el déficit potencial.
El déficit de 3,1 % es una meta, no un hecho. Para alcanzarla, el país necesita que se firmen contratos petroleros por más de seis mil millones, que el precio de los combustibles suba sin conflicto social y que El Niño no cueste más de lo previsto. Según mis cálculos, si solo llega la mitad de la monetización, el déficit superará el 5 % del PIB. Si no llega nada y el subsidio se mantiene en su nivel de 2026, se acercará al 8 %. Prepararnos para ese escenario no es pesimismo. Es lo que distingue una política fiscal de una expectativa fiscal.
Nota editorial y fuentes
Este artículo se elaboró con base en los documentos oficiales de la Proforma 2027 publicados por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo el 31 de octubre de 2026 y en los boletines de la Asamblea Nacional. Las cifras sin marca son oficiales. Las marcadas como cálculo propio son estimaciones de la autora a partir de esos documentos.
- Asamblea Nacional, «Asamblea Nacional aprueba la Proforma Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2027», 6 de noviembre de 2026; e «Informe de la Comisión de Desarrollo Económico recomienda al Pleno aprobar la Proforma Presupuestaria 2027», 4 de noviembre de 2026. asambleanacional.gob.ec.
- Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, Proforma del Presupuesto General del Estado 2027: Justificativo de Ingresos y Egresos (cuadros 2, 4, 5, 15 y 35; monetización en la sección «Ingresos y Transferencias»). economicoproductivo.gob.ec/proforma-2027-31-de-octubre-del-2026.
- Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, Programación Presupuestaria Cuatrianual 2027-2030 (tablas II.3, II.4, II.5 y II.7; precios de exportación e importación de derivados; rigidez del gasto).
- Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, Proforma 2027, Anexo de Subsidios (subsidio a combustibles por producto y por sector, 2023-2027; cifras provisionales de EP Petroecuador).
- Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, Proforma 2027, Anexo de Riesgos Fiscales (El Niño de probabilidad alta; escenario de daños de USD 6.004,62 millones).
- Decreto Ejecutivo 527, de 29 de octubre de 2026, citado en el Justificativo de Ingresos y Egresos (excepcionalidad del artículo 286 de la Constitución).
- Déficit de generación de hasta 1.300 MW entre octubre de 2026 y marzo de 2027, según el Ministerio de Ambiente y Energía: Primicias, «Gobierno de Ecuador espera reducir los subsidios a los combustibles en 2027», 5 de noviembre de 2026.
- Monetización del portafolio de hidrocarburos: Primicias, «Concesiones petroleras y de minería, las apuestas del Gobierno para captar ingresos por USD 6.381 millones en 2027», 5 de noviembre de 2026.
- Declaraciones del viceministro Miguel Hernández: El Mercurio, «Proforma 2027: incumple aumento del presupuesto para educación y salud», 3 de noviembre de 2026.
- Votación (83 a favor, 61 en contra, 2 abstenciones): Primicias, 6 de noviembre de 2026.
- FMI, acuerdo a nivel técnico para la sexta revisión del Servicio Ampliado: EFE, 9 de noviembre de 2026.
- Proyectos renovables concesionados y no operativos: N. Cely, «Adjudicar no es construir: seis soluciones para destrabar los proyectos eléctricos», leapcenter.blog, 22 de octubre de 2026.
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