Durante años, el Ecuador pareció renunciar a una de las funciones esenciales del Estado: pensar el desarrollo más allá de la coyuntura. La urgencia de los problemas inmediatos —la inseguridad, el déficit fiscal, las crisis políticas y económicas— desplazó la discusión sobre cómo construir un crecimiento sostenido en el largo plazo. En ese contexto, la presentación de la Agenda Nacional de Crecimiento 2040 representa una señal positiva. Recupera una conversación que el país necesitaba volver a tener: cómo aumentar la productividad, atraer inversión, generar empleo de calidad y elevar el bienestar de los ecuatorianos durante las próximas décadas.
Pero la historia de América Latina enseña una lección incómoda. Los países no fracasan por falta de estrategias. Fracasan porque rara vez logran convertir esas estrategias en políticas públicas capaces de transformar la realidad.
Existe una diferencia fundamental entre una estrategia y una política pública. La estrategia responde al qué: define una visión compartida y establece hacia dónde quiere avanzar un país. La política pública responde al cómo: diseña los instrumentos, asigna responsabilidades, moviliza recursos y crea los mecanismos necesarios para alcanzar esos objetivos.
Con demasiada frecuencia, asumimos que ambos conceptos son equivalentes. No lo son.
Una estrategia, por sí sola, no cambia la realidad. Para hacerlo debe traducirse en reformas regulatorias, programas específicos, incentivos económicos, presupuestos, capacidades técnicas, responsables claramente identificados, indicadores de desempeño y sistemas permanentes de seguimiento y evaluación. Es en ese proceso donde muchos planes nacionales terminan perdiéndose entre buenas intenciones y resultados insuficientes.
La Agenda de Crecimiento 2040 enfrenta precisamente ese desafío.
Su verdadero éxito no dependerá únicamente de la calidad del diagnóstico ni de la pertinencia de sus objetivos. Dependerá de la capacidad del Estado para recorrer todo el ciclo de la política pública: transformar una visión estratégica en acciones concretas, coordinar su ejecución, medir avances, corregir desviaciones y sostener el esfuerzo a lo largo de varios gobiernos.
Ese reto adquiere una dimensión aún mayor por el momento institucional que vive el país.
Mientras se presenta una agenda de desarrollo con horizonte al 2040, el Ejecutivo impulsa simultáneamente una profunda reorganización institucional mediante la fusión de ministerios y la creación de gabinetes sectoriales. Estas reformas pueden constituir una oportunidad para mejorar la coordinación del Estado y reducir duplicidades. Sin embargo, también plantean un riesgo que merece atención.
Toda reorganización institucional modifica competencias, redistribuye responsabilidades, redefine procesos de coordinación y altera capacidades técnicas acumuladas durante años. Si la transición no está cuidadosamente diseñada, puede afectar precisamente aquello que resulta indispensable para implementar una estrategia de largo plazo: la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas de manera consistente.
Por ello, el debate no debería concentrarse únicamente en si habrá más o menos ministerios, o en cómo quedará el organigrama gubernamental. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿fortalece esta nueva arquitectura institucional la capacidad del Estado para implementar la Agenda Nacional de Crecimiento?
Porque una estrategia sin instituciones que la ejecuten termina siendo solamente un documento.
La siguiente etapa de la Agenda debería ser, precisamente, su institucionalización. Esto implica identificar con claridad quién liderará cada objetivo estratégico, cuáles serán las entidades corresponsables, qué programas específicos permitirán alcanzar las metas propuestas, cuáles serán los indicadores públicos para medir avances y qué mecanismos de evaluación garantizarán la rendición de cuentas. También supone asegurar que estos instrumentos trasciendan los ciclos políticos y mantengan continuidad más allá de una administración.
Los países que han logrado transformar sus economías —desde Irlanda hasta Corea del Sur o Singapur— no solo diseñaron estrategias ambiciosas. Construyeron instituciones capaces de sostenerlas durante décadas, ajustarlas cuando fue necesario y preservar sus objetivos fundamentales pese a los cambios de gobierno. La fortaleza institucional fue tan importante como la calidad de la estrategia.
Ese es, probablemente, el mayor desafío que enfrenta hoy el Ecuador.
La Agenda Nacional de Crecimiento 2040 representa un avance importante porque vuelve a colocar el crecimiento económico en el centro del debate nacional. Pero no debemos confundir el inicio del camino con su destino. Una estrategia constituye apenas el primer paso de un proceso mucho más complejo.
El crecimiento no surge de los documentos. Surge de las políticas públicas que esos documentos inspiran, de las instituciones que las ejecutan y de la capacidad del Estado para sostenerlas con disciplina, continuidad y evaluación permanente.
La verdadera pregunta, entonces, no es si el Ecuador tiene una estrategia de crecimiento. La verdadera pregunta es si estamos construyendo el Estado capaz de hacerla realidad.
LEAP 
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