Por Nathalie Cely | Junio 3, 2026
En este artículo quiero proponer un concepto que creo necesario nombrar con claridad: la justicia tecnológica. La defino como el derecho que tienen todos los ciudadanos a recibir capacitación, acceso a internet y acceso a dispositivos para poder beneficiarse de lo que la tecnología —y en particular la inteligencia artificial— ofrece. No es un concepto que haya encontrado formulado en estos términos en la literatura académica ni en el debate de política pública en español. Existe conversación sobre brecha digital, sobre inclusión digital, sobre equidad en IA. Pero ninguno de esos términos captura lo que quiero decir: un derecho de tres componentes indisolubles, exigible al Estado, sin el cual la promesa de la IA se convierte en una nueva forma de exclusión.
La razón por la que este concepto urge es simple: la inteligencia artificial está transformando el mundo a una velocidad que no espera a nadie. Y si los estados no actúan con la misma urgencia para garantizar acceso universal, lo que está en juego no es solo la productividad de un país —es la posibilidad de millones de personas de tener un trabajo digno, una educación de calidad y una participación real en la economía del siglo XXI.
Este artículo no es optimista ni pesimista sobre la IA. Es una llamada a la acción desde la política pública. La tecnología no es buena ni mala en sí misma —lo que la hace una o la otra es quién tiene acceso a ella, bajo qué condiciones y con qué preparación.
«Sin justicia tecnológica, la inteligencia artificial no democratiza el mundo — lo fragmenta.»
I. La velocidad que no espera a nadie
Lo que está ocurriendo en el mercado laboral global no tiene precedente en velocidad ni en alcance. En 2025, la inteligencia artificial fue responsable de casi 55.000 despidos en Estados Unidos, con Amazon, Salesforce y Microsoft entre las empresas que citaron explícitamente a la IA como factor determinante. Amazon anunció el mayor recorte en su historia: 14.000 puestos corporativos eliminados en una sola ronda, con su CEO describiendo la IA como «la tecnología más transformadora desde el internet.» Microsoft acumuló 15.000 recortes a lo largo del año. En lo que va de 2026, el ritmo se aceleró: 968 personas por día pierden su empleo en el sector tecnológico global.
Pero el fenómeno va mucho más allá del sector tecnológico. Chegg, la plataforma educativa, redujo el 45% de su fuerza laboral porque los estudiantes migraron masivamente a herramientas de IA. Dell eliminó 12.500 puestos al reorganizarse para vender servidores de IA en lugar de computadores tradicionales. Dow Chemical recortó 4.500 empleos citando automatización. La lista es larga y creciente.
Lo que hace este momento distinto a ciclos anteriores de automatización es la velocidad de la curva. La revolución industrial tardó décadas en desplazar oficios. La digitalización de los años 90 tomó una generación. La IA está comprimiendo ese ciclo a años. Las instituciones educativas, los sistemas de protección social y las políticas laborales no están diseñados para adaptarse en ese horizonte de tiempo. Ese desajuste —entre la velocidad del cambio tecnológico y la lentitud de la respuesta institucional— es exactamente donde la justicia tecnológica se vuelve urgente.
II. Ni los programadores están a salvo — y eso lo cambia todo
Durante mucho tiempo, la narrativa consoladora ante la automatización fue esta: la tecnología elimina trabajos de baja calificación pero crea empleos de alta calificación. Aprende a programar y estarás a salvo. Esa narrativa ya no es sostenible.
Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que el empleo entre desarrolladores de software de 22 a 25 años cayó casi un 20% entre 2022 y 2025, justo cuando las herramientas de programación con IA se masificaron. Las posiciones de nivel de entrada —el punto de ingreso tradicional a la profesión— registraron una caída del 73% en contratación en el último año. Gartner proyecta que el 80% de los ingenieros de software necesitarán reconversión para colaborar con IA hacia 2027. El creador de Claude Code, la herramienta de programación de Anthropic, declaró públicamente que «la programación está prácticamente resuelta» y que el título de ingeniero de software empezará a desaparecer en 2026.
Esto no significa que no habrá empleos tecnológicos —sino que los empleos disponibles requerirán capacidades distintas, de mayor nivel, más orientadas a la supervisión, la arquitectura de sistemas y el juicio crítico. Pero esa transición no es gratuita ni automática. Requiere tiempo, recursos y acceso a formación. Y ahí está el nudo del problema: la reconversión solo es posible si existe el andamiaje que la hace accesible. Ese andamiaje es exactamente lo que la justicia tecnológica exige al Estado.
Si incluso los profesionales más capacitados del ecosistema digital son vulnerables al desplazamiento, la pregunta que sigue es inevitable: ¿qué le espera al ciudadano promedio de América Latina, que no tiene acceso a internet de calidad, no tiene dispositivos adecuados y nunca ha recibido formación en herramientas digitales? La respuesta honesta es que, sin intervención estatal decidida, le espera quedar fuera del mercado laboral del siglo XXI de manera permanente.
III. La educación: la palanca que la IA puede multiplicar — o romper
He creído toda mi vida que la educación es la palanca más poderosa para salir adelante y reducir la desigualdad. No el asistencialismo, no los subsidios sin condicionalidades: la educación que transforma capacidades, abre opciones y dota a las personas de las herramientas para construir su propio futuro. Por eso, lo que la inteligencia artificial está haciendo con la educación me parece el cambio más trascendente —y el más peligroso si no se gestiona bien— de todos los que están ocurriendo.
La oportunidad es real y enorme. La IA está haciendo posible algo que los sistemas educativos masivos jamás pudieron lograr: enseñanza verdaderamente personalizada. Un sistema de IA puede identificar en tiempo real cómo aprende cada estudiante, ajustar el ritmo, el formato y el nivel de dificultad, ofrecer retroalimentación inmediata y dar a cada niño la atención individualizada que antes solo existía en la tutoría privada. Un estudio de octubre de 2025 del Center for Democracy and Technology encontró que el 85% de los maestros y el 86% de los estudiantes en Estados Unidos ya usaron IA en el año escolar anterior, y el 69% de los docentes reportó que mejoró sus métodos de enseñanza. La IA no reemplaza al maestro —le libera tiempo para lo que ninguna máquina puede hacer: la mentoría, el vínculo humano, la orientación vocacional.
Pero aquí entra la fractura. Esta revolución educativa solo existe para quien tiene acceso. La UNESCO encontró en 2025 que el 70% de las instituciones de educación superior en Europa y Norteamérica ya tienen o están desarrollando guías de IA, frente a solo el 45% en América Latina y el Caribe. Y dentro de la región, la brecha entre escuelas urbanas de élite y escuelas rurales o periféricas es aún más profunda. La IA personalizada que puede ser el gran ecualizador de la historia de la educación se está convirtiendo, en ausencia de política pública, en el nuevo privilegio educativo.
El riesgo no es teórico. Si un estudiante en Quito, Santiago o Buenos Aires que asiste a un colegio privado con conectividad, dispositivos y maestros capacitados tiene acceso a tutores de IA disponibles las 24 horas, mientras otro estudiante en una escuela pública rural aprende con los mismos métodos de hace treinta años, la brecha educativa no se cierra —se multiplica exponencialmente. Y esa brecha educativa se convierte, una generación después, en brecha de ingresos, de movilidad social y de poder político.
«La IA personalizada puede ser el gran ecualizador de la historia educativa. O puede convertirse en el nuevo privilegio. Eso lo decide la política pública, no el mercado.»
IV. América Latina y Ecuador: adoptando sin estar listos
El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025), elaborado por la CEPAL y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, ofrece datos que iluminan la situación regional —pero que deben leerse con sentido crítico. La región da señales contradictorias: América Latina representa el 14% de las visitas globales a herramientas de IA, pese a tener solo el 11% de los usuarios de internet del mundo. Eso suena bien. Pero el mismo informe reconoce que esa adopción «se concentra en soluciones con bajo requerimiento técnico» —en otras palabras, la región usa ChatGPT, no produce ni gobierna inteligencia artificial.
El índice clasifica a Chile, Brasil y Uruguay como pioneros, mientras Ecuador figura en la categoría de «adoptante», en la posición 10 de 19 países. Esa clasificación merece una lectura cuidadosa, porque puede inducir a error. El ILIA construye su dimensión de adopción principalmente a partir de tráfico web a plataformas de IA, datos de LinkedIn sobre habilidades declaradas por usuarios, actividad en Coursera y GitHub, y la existencia de una Estrategia Nacional de IA aprobada. Cada una de estas fuentes tiene un sesgo estructural hacia el sector corporativo formal, los profesionales urbanos con alta conectividad y los documentos institucionales, independientemente de si se implementan o no.
Los propios datos internos del ILIA contradicen el optimismo del puntaje agregado de Ecuador. La inversión en I+D es de apenas el 0,44% del PIB —en el percentil más bajo de la región. La capacidad de cómputo disponible es de 26 Teraflops de GPU por millón de habitantes, una cifra que refleja la ausencia casi total de infraestructura de IA. El talento especializado es inferior al 0,00156% de la población. El informe señala que 13 de los 19 países del índice no generan habilidades tempranas en IA en su currículo escolar, y 11 no tienen programas de doctorado en IA en sus universidades —Ecuador forma parte de esos grupos. La estrategia nacional que contribuyó a subir el puntaje fue aprobada en enero de 2026, pero el propio ILIA advierte que la mayoría de las estrategias regionales «carecen de mecanismos efectivos de implementación».
Lo que el índice no captura —y que los estudios realizados desde instituciones como la ESPOL confirman— es la realidad de la empresa mediana y pequeña, de las escuelas públicas, de las provincias fuera del eje Quito-Guayaquil, de los trabajadores informales que constituyen la mayoría de la fuerza laboral. Esa realidad es de preparación ínfima. No se trata de pesimismo: se trata de honestidad diagnóstica, que es la condición previa de cualquier política pública seria. Un índice que mide el techo del sistema no puede usarse para evaluar el piso. Y en Ecuador, el piso es lo que importa.
V. Justicia tecnológica: el derecho de tres pisos
En este contexto es donde propongo el concepto de justicia tecnológica. No como aspiración genérica ni como sinónimo de inclusión digital —un término que lleva décadas circulando sin producir transformaciones estructurales. Lo propongo como un derecho ciudadano preciso, de tres componentes indisolubles, exigible al Estado:
El primero es el acceso a internet de calidad. No conectividad nominal o intermitente, sino banda ancha suficiente para usar herramientas de IA, participar en educación en línea y acceder a servicios digitales. En Ecuador, según datos del INEC, la brecha entre conectividad urbana y rural sigue siendo abismal, con provincias enteras donde el acceso a internet de banda ancha es marginal.
El segundo es el acceso a dispositivos. Un teléfono de gama baja con datos limitados no es equivalente a una computadora con conexión estable. Las herramientas de IA más transformadoras —las que permiten producir, crear y aprender, no solo consumir— requieren dispositivos con capacidad de procesamiento adecuada. Sin dispositivos apropiados, la conectividad es condición necesaria pero no suficiente.
El tercero, y el más frecuentemente ignorado en el debate público, es la capacitación. El acceso sin formación es acceso sin llave. Una persona que tiene internet y computadora, pero no sabe cómo usar herramientas de IA para mejorar su trabajo, capacitarse o emprender está tan excluida de los beneficios de esta revolución tecnológica como quien no tiene ninguna de las dos cosas. La formación en competencias digitales y en uso de IA no puede seguir siendo responsabilidad individual —tiene que ser una obligación del Estado, integrada en el sistema educativo desde la primaria y disponible para adultos en proceso de reconversión laboral.
Estos tres componentes son insolubles porque ninguno funciona sin los otros dos. La justicia tecnológica no es conectividad más dispositivos más cursos opcionales: es un sistema de derechos donde la ausencia de cualquiera de los tres anula a los demás. Y como todo derecho, su garantía no puede depender del mercado ni de la voluntad de las empresas tecnológicas —depende del Estado.
La distinción respecto a términos existentes es importante. El debate sobre «brecha digital» se centra en infraestructura. El debate sobre «inclusión digital» amplía el espectro, pero sigue siendo vago sobre obligaciones estatales. El debate sobre «equidad en IA» se desarrolla principalmente en inglés y en el Norte Global, y tiende a focalizarse en sesgos algorítmicos más que en acceso. La justicia tecnológica, tal como la defino, es un marco de derechos que impone obligaciones concretas y medibles a los gobiernos, y que reconoce que sin los tres componentes la promesa de la IA es una promesa vacía para la mayoría de los ciudadanos.
VI. El ingreso universal: ¿palanca real o retiro anticipado disfrazado?
Frente al desplazamiento laboral que la IA está produciendo, la propuesta que más tracción ha ganado en el debate global es el ingreso básico universal (IBU): una transferencia de dinero incondicional a todos los ciudadanos, independientemente de su situación laboral. El IBU cuenta hoy con defensores en lugares ideológicamente opuestos: Sam Altman de OpenAI lo apoya, Elon Musk propone una versión que llama «ingreso universal alto», y el gobierno del Reino Unido ha comenzado a evaluarlo como respuesta al desplazamiento por automatización.
El argumento a favor tiene mérito real: ante una transición que puede ser brutal y rápida, un piso de seguridad económica garantiza dignidad mínima, reduce la presión de aceptar cualquier empleo en condiciones precarias y da tiempo para la reconversión. En países donde los sistemas de protección social son débiles —que incluye a prácticamente toda América Latina— esa lógica tiene peso adicional.
Pero el IBU tiene límites que sus defensores más entusiastas suelen minimizar, y que son especialmente relevantes desde una perspectiva de desarrollo. El primero es fiscal: en países con baja recaudación, alta deuda y sistemas tributarios frágiles como Ecuador, financiar un ingreso universal genuinamente transformador es una ecuación que no cierra sin reformas estructurales previas de enorme dificultad política. El segundo límite es más profundo: el IBU sin justicia tecnológica no resuelve la exclusión —la financia. Una persona que recibe una transferencia mensual pero no tiene capacitación, conectividad ni dispositivos para participar en la economía digital sigue excluida de ella. El IBU la hace más cómoda en esa exclusión, no la supera.
Hay también una crítica de fondo que la izquierda latinoamericana ha planteado con razón: el IBU puede ser funcional al capitalismo de plataformas si lo que hace es sostener el consumo de quienes fueron desplazados por la automatización sin transformar las relaciones de poder que produjeron ese desplazamiento. Una persona que cobra un ingreso básico y lo gasta en plataformas digitales propiedad de las mismas empresas que la desplazaron no está en una situación cualitativamente distinta a antes —solo está más administrada en su marginalidad.
La conclusión que propongo no es rechazar el IBU sino entender su lugar correcto: puede ser un puente durante la transición, nunca una solución estructural. El puente tiene sentido si conduce a algún lugar. Ese lugar es la justicia tecnológica: la capacidad real de participar en la economía del conocimiento con herramientas, formación y conectividad. Sin ese destino, el puente no lleva a ninguna parte.
«El ingreso básico universal sin justicia tecnológica financia la exclusión. No la resuelve.»
VII. Lo que los estados deben hacer — y el reloj corre
La justicia tecnológica no es un programa de gobierno de mediano plazo. Es una urgencia de política pública que compite en horizonte temporal con la velocidad de la disrupción. Las decisiones que los gobiernos latinoamericanos tomen —o dejen de tomar— en los próximos tres a cinco años determinarán si la región tiene acceso a los beneficios de la IA o si queda atrapada como consumidora de tecnología producida en otra parte, sin capacidad de adaptarla, gobernarla ni distribuir sus beneficios.
Las líneas de acción son concretas y no requieren esperar a que todo esté resuelto para comenzar. En infraestructura, la conectividad universal debe tratarse como servicio público, con la misma lógica con que se construyeron las redes de agua potable o de electricidad: el mercado no llega solo a donde no es rentable, y el Estado tiene la obligación de llegar. Eso implica inversión directa en zonas rurales y periurbanas, y regulación que garantice calidad mínima de servicio a precios accesibles.
En dispositivos, los programas de acceso subsidiado —en particular para hogares de bajos ingresos y para el sistema educativo público— son una condición previa para que cualquier política de formación digital funcione. No hay justicia tecnológica con herramientas que no se pueden costear.
En formación, la reconversión laboral debe dejar de ser responsabilidad individual para convertirse en política de Estado. Eso significa integrar competencias digitales y educación en IA en el currículo escolar desde la primaria, pero también —y esto es urgente— diseñar programas masivos de reconversión para los trabajadores adultos que están siendo desplazados ahora. El reskilling no puede ser optativo ni de costo individual: tiene que ser un derecho exigible, como lo es la educación básica.
Finalmente, la educación transformada por IA requiere inversión específica en formación docente. Un maestro que no sabe usar herramientas de IA no puede guiar a sus estudiantes en su uso crítico. La formación docente en competencias digitales es quizás la palanca con mayor retorno sobre la inversión en todo este sistema: un maestro bien formado multiplica su impacto sobre cientos de estudiantes a lo largo de años.
VIII. Declarar el derecho
Los derechos no existen hasta que se declaran. El derecho al voto, el derecho a la educación, el derecho a la salud: todos fueron en algún momento un concepto nuevo que alguien tuvo que nombrar, defender y convertir en obligación del Estado. La justicia tecnológica necesita ese mismo proceso.
No propongo este concepto como utopía sino como programa. La brecha que existe hoy entre quienes tienen acceso a la inteligencia artificial y quienes no lo tienen no es natural ni inevitable: es el resultado de decisiones de política pública —o de la ausencia de ellas. Y puede ser revertida con decisiones distintas. Los países que entiendan esto con urgencia tendrán, en una generación, ciudadanos más capaces, mercados laborales más resilientes y menor dependencia tecnológica del exterior. Los que no lo entiendan tendrán mayor desigualdad, mayor conflicto social y mayor marginación de la economía global.
Para Ecuador, el diagnóstico es claro: los indicadores que importan —inversión en I+D, talento especializado, infraestructura de cómputo, formación docente, cobertura educativa con herramientas digitales— están muy por debajo de lo que la retórica oficial y los índices agregados sugieren. Eso no es una condena: es un punto de partida que exige honestidad diagnóstica y voluntad política real, no estrategias en papel que carecen de presupuesto y mecanismos de implementación.
La pregunta que quiero dejar planteada no es si la inteligencia artificial transformará el mundo. Esa pregunta ya tiene respuesta: lo está transformando ahora. La pregunta que importa es si esa transformación incluirá a todos los ciudadanos o profundizará las fracturas que ya existen. Eso no lo decide la tecnología. Lo decide la política pública. Y la política pública la exigen los ciudadanos.
La justicia tecnológica no es un privilegio que hay que merecer. Es un derecho que hay que declarar, financiar y garantizar. Hay que pedirlo en voz alta — y hay que empezar hoy.
«La justicia tecnológica no es un privilegio que hay que merecer. Es un derecho que hay que declarar, financiar y garantizar.»
Nota editorial: Los datos sobre despidos citados en el artículo provienen de CNBC (diciembre 2025) y de Layoffs.fyi (junio 2026). Los datos del ILIA 2025 provienen del informe oficial de CEPAL/CENIA (octubre 2025) y del documento de fichas de país y aspectos metodológicos (marzo 2026). Los datos sobre IA en educación provienen de la encuesta del Center for Democracy and Technology (octubre 2025) y de la encuesta de UNESCO a instituciones de educación superior (2025). La cifra de caída de empleo en programadores jóvenes proviene del Stanford AI Index 2026. Todos los datos sobre Ecuador en el ILIA han sido contrastados con los subindicadores internos del informe.
LEAP 
Deja un comentario